La nueva ley de adquisiciones públicas

La creación de la nueva ley de adquisiciones públicas se hizo necesario a raíz de que la anterior práctica jurídica, es decir la interpretación de la ley CXXIX. de 2003 fue complicada y tarda. Los participantes de las adquisiciones públicas a menudo se vieron envueltos en conflictos por el tratamiento de vicios de forma, se apelaron y rechazaron los concursos por vicios de forma, y por consiguiente, los procedimientos se prolongaron tanto que la inversión se hizo dudosa. La nueva ley de adquisiciones públicas, aprobada por el Parlamento el 11 de julio de 2011, tenía como objetivo la simplificación de la práctica de entonces. A primera vista la nueva ley de adquisiciones públicas (ley CVIII./ 2011) se diferencia de la anterior en su extensión, mientras que aquella constaba de 407 párrafos, la nueva ley solamente consta de 183. La concepción de los creadores de la nueva ley era que la nueva ley no sólo fuera más corta sino también más transparente, así que optaron por no incluir las reglas de detalle en la ley, sino definirlas en reglamentos de ejecución separados. Un reglamento separado rige, por ejemplo, los registros llevados por la Autoridad de Adquisiciones Públicas, las reglas relativas a los registros, las reglas de detalle referentes a las descripciones técnicas, las reglas detalladas de las condiciones contractuales y las de los procedimientos de las adquisiciones públicas en el caso de inversiones de construcción, los aspectos sociales y medioambientales, etc. Esta técnica de reglamentación jurídica tiene como objetivo que la regulación de adquisiciones públicas puedan atenerse a las demandas de la economía sin enmienda alguna.

Uno de los objetivos de la nueva ley de adquisiciones públicas es el apoyo de las pequeñas y medianas empresas. La ley alcanza este objetivo con la reducción del número de niveles de subcontratistas, es decir, habrá menos participantes en las adquisiciones públicas que solamente cobran el dinero pero no hacen trabajo meritorio. La nueva ley mejora las oportunidades y el potencial de las pequeñas y medianas empresas con que los oferentes tendrán derecho a un anticipo en el caso de una inversión de construcción o en el de un pedido de un servicio que llega al límite de valor comunitario. Con el pago directo la nueva ley quiere garantizar que el que haya ejecutado el trabajo efectivo reciba el dinero de todas maneras, o sea, el que solicita la oferta podrá pagar directamente al subcontratista. Sin embargo se plantaron numerosas críticas relacionadas con las reglas del pago, sobre todo por la antinomia con los reglamentos de IVA. El pago directo sería favorable para los subcontratistas desde varios puntos de vista, con especial atención a la regla que garantizaría que, en el caso de la liquidación del oferente adjudicatario, a base de la confirmación de la ejecución de la obra, la suma correspondiente al subcontratista no formaría parte de los fondos de liquidación. Incluso se fija que el oferente adjudicatario, bajo pena de nulidad, no puede sustraer la cobertura de la remuneración de los subcontratistas derechohabientes de pago directo mediante cesión o pignoración de los haberes. También puede ser de gran ayuda para las pequeñas y medianas empresas que, con respecto a la fianza fijada para el cumplimiento de las exigencias de garantía y responsabilidad, el que solicita la oferta puede hacer posible en el contrato que en vez del pago a su cuenta, una determinada parte de la fianza pueda ser deducida del contravalor de la ejecución de la obra, una deducción que no puede afectar la suma apartada para el pago directo de los subcontratistas.

La nueva ley modificó la certificación de la aptitud de los subcontratistas y del oferente hasta ahora vigente. Se suprime el concepto de organización de recursos, la ley fija con carácter general que los oferentes puedan responder a los prescritos requisitos de aptitud incluso con la ayuda de las capacidades de otra organización indepedientemente del carácter de la relación entre ellos. Para evitar los abusos es necesario que una empresa que no tenga relación alguna con el cumplimiento del contrato, no pueda participar en la certificación de la aptitud. En caso contrario, es decir, si el oferente utiliza los datos de tal empresa para certificar su aptitud, el oferente tiene que hacer una declaración sobre el modo de empleo de los conocimientos señalados en las referencias y en el ámbito de aptitud financiera y económica tiene que asumir responsabilidad financiera.

Varias disposiciones de la nueva ley de adquisiciones públicas intenta acelerar el procedimiento de adquisición pública y hacer el sistema de recurso legal más efectivo. Si estos y los antes detallados objetivos y los principios fundamentales de la nueva ley de adquisiciones públicas se llevan a la práctica completamente o no, lo veremos después de la entrada en vigor de la ley, el 1 de enero de 2012.